Sergio Valdivia Velázquez
Martes 6 de septiembre de 2011
El presidente se queja de que muchas veces los jueces dejan libres a los criminales, sin embargo, no menciona las dificultades que atraviesan los órganos impartidores de justicia y que explican la situación.
En un mensaje reciente, el presidente Felipe Calderón se quejó de cómo muchas veces lo jueces liberan delincuentes –aunque hay que considerar que más bien son presuntos y no partir de que son culpables- aun sabiendo el esfuerzo que conlleva su captura.
Su declaración salió luego de la liberación del controvertido director de Operaciones de CFE, Néstor Moreno Díaz, acusado de defraudar a la paraestatal por 33 millones de pesos además de recibir jugosos sobornos a cambio de asignaciones de contratos. Indiscutiblemente sorprende su rápida liberación en 1 día, aun con las imputaciones que tiene. Sin embargo, falta revisar qué pasa con los órganos impartidores de justicia.
El proceso para impartir justicia muchas veces requiere la participación de cuerpos de seguridad, desde policías hasta fuerzas armadas, dependiendo de la gravedad del crimen y quiénes estén implicados, lo cual conlleva un gran esfuerzo para la localización y captura de los acusados. La parte final la determinan las procuradurías y los jueces.
Este sexenio está marcado por la lucha contra la delincuencia dirigida por el presidente. Cabe recordar que inició a una semana de que asumiera el cargo, lo que desde el inicio la marco de diversas deficiencias y la parte de impartición de justicia quedó descuidada debido a lo rápido que se emprendieron acciones.
Aunque las supuestas faltas de Moreno Díaz no entran en la clasificación de delincuencia organizada ni tienen relación con la actual estrategia de seguridad sí muestran lo que muchas veces ocurre después de capturado un acusado.
Ni siquiera al presidente debiera extrañarle lo que ocurre; ahí va una de las claves: en lo que va del sexenio la PGR, encargada de realizar investigaciones en los crímenes, no ha recibido incremento en su presupuesto en lo que va del sexenio. Peor tantito que hasta en el presupuesto en curso (2011) éste se le redujo. Considerando que sus actividades y su rol en esta lucha se han incrementado, en cierta medida es comprensible –mas no justificable- su incapacidad e ineficiencia.
Mientras la SSP y las Fuerzas Armadas han recibido incrementos, quien da el paso final al momento de determinar culpabilidades no lo ha hecho, desequilibrando la situación. Mientras que la aprehensión puede ser exitosa, la carencia presupuestaria y la incapacidad de la Procuraduría hacen que muchas veces pase lo que tanto condena Calderón.
Así que mejor que lanzar estas críticas, conviene una revisión del tema, y más ahora que se está discutiendo en el Congreso el presupuesto para 2012. Ojo con eso.
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