Sergio Valdivia Velázquez
Miércoles 31 de agosto de 2011
Cada que ocurren tragedias las respuestas del gobierno y la sociedad son las mismas: condenas enérgicas y exigencias de renuncias. Ninguna da resultados.
Capitulando encontramos que en una semana han ocurrido numerosos hechos relacionados con la delincuencia: el caso del estadio en Torreón, los ataques a casinos en Saltillo y Monterrey, el pánico generado en Veracruz, un ejecutado en el DF. Todos hechos impresionantes que han sacudido al gobierno y a la sociedad.
Las respuestas son inmediatas: el gobierno inmediatamente condena enérgicamente los hechos y promete aplicar todo el peso de la ley sobre los responsables mientras que la sociedad desata su ira y exige la renuncia de quienes están al mando. Ambas conductas siempre son las mismas y no dan resultado porque o no pasan de ser un dicho o porque no son propuestas factibles.
El miedo, el enojo y el rechazo de la sociedad son comprensibles ante actos criminales tan atroces como los ocurridos o contra un gobierno que no tiene bajo control la situación. Cuando se perpetran los crímenes la sociedad se opone más a los grupos delictivos aunque también lo hace contra su gobierno. He ahí el porqué surgen reclamos como “Si no pueden, que renuncien”, producto de la desesperación y que no plantean un argumento coherente.
El sistema político mexicano no está diseñado para admitir la renuncia o destitución de funcionarios, sobre todo aquellos electos por la vía democrática. No es simplemente quitar a uno y poner a otro, cosa que no soluciona nada o al menos no da la garantía de que el sustituto sea mejor; puede salir incluso peor.
La revocación de mandato no es viable pues genera mucha tensión para el funcionario independientemente de si cumpla o no su labor: siempre tendría la presión de que en cualquier momento puede ser destituido, lo que obstaculizaría su desempeño; incluso si lo hace bien nunca faltan los opositores que promoverían su destitución. Por tanto, proposiciones como la revocación exigidas por activistas de la Reforma Política no son nada realizables.
Dejando de lado la inviabilidad de esto, admitir una renuncia tendría un costo político tremendo tanto para el funcionario como para su partido pues es admitir el error y aceptar que se actuó mal, perjudicando a todo su sistema y agudizando la crisis de confianza. Pedir la renuncia es un acto reaccionario. La sociedad no debe enfrascarse con estas posturas sino hacer proposiciones no producto de la desesperación y con verdadera capacidad para ser llevadas a cabo.
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