Sergio Valdivia Velázquez
Miércoles 27 de julio de 2011
La posibilidad de que se realice un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso no se asoma ni tiene muchas posibilidades de concretarse, aun cuando personajes e instituciones urgen se efectúe y se digan dispuestos a participar. Su argumento central son las discusiones –y en su caso aprobación- de diversas reformas, entre ellas, de seguridad nacional, fiscal, laboral y política.
Revisando el calendario legislativo, el periodo ordinario de sesiones inicia en septiembre, por lo que un extraordinario únicamente abarcaría el mes de agosto. ¿Un mes para las discusiones? Indudablemente serán tema para el siguiente periodo ordinario y un mes no es nada despreciable en término de deliberación y acuerdos, sin embargo, es muy poco tiempo –incluso si se considera lo que dura el ordinario- para que se puedan revisar estas reformas.
Y eso, sin considerar la influencia del otro calendario: el electoral. Estamos a casi dos meses de que inicie el proceso electoral por la presidencia en 2012. Los partidos estarán concentrados en eso, lo que significa moverse con mucha cautela a la hora de tomar decisiones, de lo que las reformas no quedan exentas. Será difícil ver que un partido ceda ante una propuesta de los otros pues cada quien intentará configurar el escenario a su favor.
Con el contexto de las reformas y discusiones, centrándonos en una de estas, la política, encontramos que se habla de puntos basados en la Ciudadanización del Estado, incluyendo mecanismos como permitir la reelección de ciertos cargos, referéndum, revocación de mandatos y candidaturas independientes.
En este análisis me avoco a dos de estos: la revocación de mandato y las candidaturas independientes. La revocación trata de poder destituir a un político si este no satisface las demandas y expectativas de sus gobernados, pudiendo ser en cualquier momento aunque pasando por procesos de decisión –como el referéndum-, no siendo un dictamen instantáneo.
En este punto no concuerdo por dos razones: 1) en teoría, cuando hay un ganador en elecciones, eso significa que el electorado le da su confianza y le delega su poder a una persona, la cual, debería actuar a favor de quienes lo eligieron y también de quienes no lo hicieron. Revocarlo significaría despojarlo de ese poder, aun cuando el votante sabía que lo haría por un tiempo determinado (los funcionarios designados pero que no pasaron por elección son parte de la responsabilidad del votante al elegir, por ejemplo, eligen un presidente aunque no a su gabinete, debiendo tomar en cuenta esto), lo que lleva a otro punto; 2) la revocación puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones. Un cambio antes de tiempo puede traer como consecuencias una mala organización y adaptación, descontinuación de políticas y proyectos –aplicable a cualquier orden de gobierno-, sin tomar en cuenta que los políticas tendrían todo el tiempo la presión y el riesgo inminente de ser destituidos.
Es notable que muchas veces se manifiesta descontento en contra de ciertas figuras, lo cual es legítimo y algo común. Pero, ¿quitar a alguien y poner a otro en su lugar es una solución? Algo para reflexionar.
El otro tema, el de las candidaturas independientes, hasta ahora ha generado mucha expectativa, incluso ánimos. La cuestión es si un ciudadano ajeno a un partido puede tener la capacidad para ejercer un gobierno. Y aún cuando la tuviera, ¿hay garantía de que sea un mejor gobernante por el hecho de no tener filiación partidista?
Esta modalidad abre la posibilidad a que más gente entre a participar directamente en los asuntos políticos, pero no hay certeza alguna de que vaya a ser un mejor –o incluso peor- por no tener partido. Cabe decir que ese candidato podría tener intereses con un partido o hasta una alianza, pero estar cobijado bajo la ciudadanización. No nos ilusionemos tanto con la reforma política, al menos no ahora.
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