Sergio Valdivia Velázquez
Lunes 27 de junio de 2011
Una de las figuras que acechan a la política y a la democracia mexicana son los llamados “actos anticipados de campaña”. Es decir, si algún personaje osa hacer manifiestar sus aspiraciones a un cargo público -en este caso, la candidatura a la presidencia a disputarse en 2012- corre el riesgo de ser sancionado e incluso, negársele el registro.
Completamente irracional si vemos desde el punto de vista del daño que le ocasiona a la democracia. Para su buen desarrollo, es necesario contar con información del acontecer pero también de sus personajes, sus actos y posiciones al respecto. De esta manera, se crea un conjunto de ideas y se toma una postura al momento de fijarse una agenda política o mejor aún, al momento de elecciones. El problema con estos actos anticipados es que se limita -o más bien se prohibe- dar a conocer pretensiones a quien las tiene, y por tanto, se limita nuestro derecho a saberlo.
Además, convierte el panorama político en terreno fértil para las acusaciones: por ejemplo el PRI, en condiciones dudosas, dice acusará a Cordero (Hacienda), Lozano (Trabajo) y Lujambio (Educación), por actos anticipados. ¿Tienen aspiraciones? Sí, las tienen. ¿Es necesario hacer tanto escándalo por eso? Ningún partido político queda exento de tener “presidenciables”, por lo tanto, la alarma es innecesaria.
Claro, otra cuestión a revisar es si tanto estos, como otros personajes de cualquier filiación política, emplean recursos públicos para su promoción. Hay diferencia entre dar a conocer y ya y entre gastar recursos con fines que no son asignados originalmente.
El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacob Molina, reconoció la dificultad de determinar cuáles podrían ser considerados actos anticipados de campaña, y remata con una de las claves: equivaldría a congelar la vida pública de México. Señala que algunos actos ilegales son: emplear recursos de una dependencia para la autopromoción, contratar espacios en medios para esto, siempre que estén fuera de los tiempos oficiales asignados, la calumnia y la denigración. Se encuentra claro pero cualquier partido, sin distingo, insiste en irregularidades.
Ejemplos de esta aplicación serían la suspensión de la campaña de logros del gobierno federal en las entidades donde habrá elecciones (Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit), o el exhorto del IEEM al gobierno de Peña Nieto para que retire toda la publicidad oficial de la entidad en aras de una contienda más equilibrada.
En medio de todo esto, el PAN emite un comunicado llamando a aquellos que ocupan alguna Secretaría -primera llamada para Cordero, Lozano y Lujambio, y sutilmente a los demás aspirantes panistas- a separarse de sus cargos mínimo con un año de anticipación a los comicios de 2012 “para garantizar la equidad en las contiendas internas”.
No es un llamado sensato. Considerando que el Legislativo comienza a arrojar indicios de aprobar un posible periodo extraordinario de sesiones, los secretarios, sobre todo Cordero y Lozano, serían indispensables para la discusión en materia de las reformas fiscal y laboral, respectivamente. Si se van, ¿quién los sucederá? Dejarían las negociaciones semi-truncadas y en manos de alguien que no estarían tan al tanto de la deliberación en torno a dichas reformas.
Al final el PAN está cayendo en la trampa de los “actos anticipados de campaña”, quitará una plataforma a sus candidatos y de paso, arruinará las negociaciones que el mismo partido promueve y urge que se lleven a cabo, pues de lo contrario, si no es ahora, no será nunca. El proceso de 2012 maniatará a todos los personajes políticos y sería muy arriesgado que los partidos hicieran movimientos, cuando es desde ya que todo se configura.
Completamente irracional si vemos desde el punto de vista del daño que le ocasiona a la democracia. Para su buen desarrollo, es necesario contar con información del acontecer pero también de sus personajes, sus actos y posiciones al respecto. De esta manera, se crea un conjunto de ideas y se toma una postura al momento de fijarse una agenda política o mejor aún, al momento de elecciones. El problema con estos actos anticipados es que se limita -o más bien se prohibe- dar a conocer pretensiones a quien las tiene, y por tanto, se limita nuestro derecho a saberlo.
Además, convierte el panorama político en terreno fértil para las acusaciones: por ejemplo el PRI, en condiciones dudosas, dice acusará a Cordero (Hacienda), Lozano (Trabajo) y Lujambio (Educación), por actos anticipados. ¿Tienen aspiraciones? Sí, las tienen. ¿Es necesario hacer tanto escándalo por eso? Ningún partido político queda exento de tener “presidenciables”, por lo tanto, la alarma es innecesaria.
Claro, otra cuestión a revisar es si tanto estos, como otros personajes de cualquier filiación política, emplean recursos públicos para su promoción. Hay diferencia entre dar a conocer y ya y entre gastar recursos con fines que no son asignados originalmente.
El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacob Molina, reconoció la dificultad de determinar cuáles podrían ser considerados actos anticipados de campaña, y remata con una de las claves: equivaldría a congelar la vida pública de México. Señala que algunos actos ilegales son: emplear recursos de una dependencia para la autopromoción, contratar espacios en medios para esto, siempre que estén fuera de los tiempos oficiales asignados, la calumnia y la denigración. Se encuentra claro pero cualquier partido, sin distingo, insiste en irregularidades.
Ejemplos de esta aplicación serían la suspensión de la campaña de logros del gobierno federal en las entidades donde habrá elecciones (Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit), o el exhorto del IEEM al gobierno de Peña Nieto para que retire toda la publicidad oficial de la entidad en aras de una contienda más equilibrada.
En medio de todo esto, el PAN emite un comunicado llamando a aquellos que ocupan alguna Secretaría -primera llamada para Cordero, Lozano y Lujambio, y sutilmente a los demás aspirantes panistas- a separarse de sus cargos mínimo con un año de anticipación a los comicios de 2012 “para garantizar la equidad en las contiendas internas”.
No es un llamado sensato. Considerando que el Legislativo comienza a arrojar indicios de aprobar un posible periodo extraordinario de sesiones, los secretarios, sobre todo Cordero y Lozano, serían indispensables para la discusión en materia de las reformas fiscal y laboral, respectivamente. Si se van, ¿quién los sucederá? Dejarían las negociaciones semi-truncadas y en manos de alguien que no estarían tan al tanto de la deliberación en torno a dichas reformas.
Al final el PAN está cayendo en la trampa de los “actos anticipados de campaña”, quitará una plataforma a sus candidatos y de paso, arruinará las negociaciones que el mismo partido promueve y urge que se lleven a cabo, pues de lo contrario, si no es ahora, no será nunca. El proceso de 2012 maniatará a todos los personajes políticos y sería muy arriesgado que los partidos hicieran movimientos, cuando es desde ya que todo se configura.
tacubox@gmail.com
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