Sergio Valdivia Velázquez
Miércoles 28 de junio de 2011
Recientemente han ocurrido dos sucesos que me llaman la atención y que no dejan de estar relacionados: la petición de un particular, por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI), a la Procuraduría General de la República (PGR) para que dé a conocer la información completa sobre los casi 35 muertos derivados de la guerra contra el narcotráfico, y la reciente presentación por parte del PAN de una iniciativa de ley para crear una base de datos sobre homicidios, actos que en conjunto presentan la más increíble improvisación.
Por un lado, está la situación de un particular, quien a través del IFAI, pidió a la PGR la información concerniente a los 34,700 homicidios reconocidos por la lucha contra la inseguridad. El informe que se le solicita a la Procuraduría debe contener el número de averiguaciones previas efectuadas, lo que a su vez representa otro caudal de información: el nombre de la víctima, hora del deceso, lugar, circunstancias en las que murió, el destino del cadáver, las acciones emprendidas contra los responsables y las sentencias a los mismo. Todo esto conforma una prueba judicial clave.
Inicialmente la PGR concluyó que la información era inexistente, el Argumento Dorado de las instituciones en la mayoría de las veces en que se busca la transparencia. Sin embargo, el IFAI interpuso un recurso de revisión pues en el sitio electrónico de la Procuraduría se hallaron informes, boletines y comunicados emitidos que contienen datos de los homicidios y estadísticas relacionadas con la delincuencia, por lo que ahora sí tendrán que entregarse los datos. Tan sólo, por ahí ya va mal el asunto.
Por otra parte, el lunes 27, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó la Iniciativa de Ley para Prevenir, Sancionar e Investigar Homicidios, en la que proponen la creación de una base de datos de los homicidios registrados en el país para que las autoridades les den seguimiento, los esclarezcan y puedan castigar a los responsables. Además, esta sería suministrada de información por los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
Como resultado, estamos ante una gravísima crisis de coordinación y también en cuanto a la estrategia emprendida por el Gobierno Federal para combatir a la delincuencia. Lanzar una guerra sin siquiera tener los elementos suficientes para sostenerla, un marco jurídico apropiado para respaldarla ni una adecuación ni limpieza de las instituciones, trae como consecuencia el fracaso de esta política.
Me sorprende como la PGR niega la existencia de la información, aun cuando sí está por ahí. El IFAI rechazó diciendo: “La PGR no siguió el procedimiento establecido […], dado que no agotó el proceso de búsqueda de carácter exhaustivo que marca dicho ordenamiento”. Una omisión grave y se da en una relación institucional, no pensemos a la hora de procurar justicia.
Además, cómo el PAN (aunque los demás partidos no quedan exentos de la responsabilidad) hasta estas alturas y a cuatro años y medio de iniciada esta lucha, presenta un fragmento de lo que debió hacerse hecho antes de lanzarse a la batalla. El indicio es claro: la estrategia es improvisar en el camino. Lo que no se hizo al principio se busca hacer ahora.
Se quiere desarrollar el conflicto y conforme éste avanza, ver qué elementos funcionan o no y actuar al respecto. Esto no sería reprochable pues un plan se puede ir ajustando conforme se ejecuta. El problema es que no se ve un plan. Ni las fuerzas armadas, ni las leyes ni las instituciones están diseñadas para trabajar bajo las circunstancias de esta contienda; hoy somos testigos de los dolorosos resultados.
tacubox@gmail.com
Twitter: @tacubox
No hay comentarios:
Publicar un comentario